La Unión Europea, actualmente bajo la batuta española, está considerando poner restricciones a las inversiones que puedan realizar los fondos de pensiones de empresas en instrumentos como productos derivados, hedge funds, activos inmobiliarios y compañías no cotizadas.



El trasfondo de la propuesta es evidentemente intentar proteger a los inversores (o trabajadores en este caso) que tienen depositados parte de sus ahorros en los fondos de pensiones constituidos por sus empresas y garantizar un marco de actuación por parte de los gestores.



De esta forma se pretende evitar casos como el de Enron en el que los trabajadores de la empresa vieron esfumarse gran parte de sus complementos a sus futuras jubilaciones debido a que el plan de pensiones de la empresa se dedicó a comprar acciones propias.



No cabe duda de que conviene de alguna forma controlar la labor de los gestores. La cuestión es si ese control lo deben realizar los propios inversores o las autoridades competentes.



Si tomamos el caso de los fondos de inversión, existe un férreo control por parte del legislador y del regulador (la CNMV). No sólo los gestores deben actuar en función de la política de inversión marcada por el reglamento de gestión (bien es cierto que en muchos casos esa política no está lo suficientemente bien definida) sino que los fondos deben además cumplir una serie de normas y reglas en cuanto a las inversiones que realizan.



Deben, en efecto, respetar una serie de coeficientes de inversión obligatorios. No pueden, por ejemplo, invertir más de un 10% en un solo valor (salvo el caso de los fondos índice) o no pueden poseer más de un 5% del capital de una empresa cotizada. También existen límites a la inversión en instrumentos derivados (las primas pagadas no pueden superar el 10% del patrimonio del fondo, ni los compromisos por el conjunto de operaciones en derivados exceder el 100% del patrimonio). Tampoco pueden realizar operaciones como la venta de títulos a crédito. Así consiguen una diversificación del patrimonio del fondo y limita el riesgo que asume el inversor.



Pero en definitiva el riesgo de la inversión lo elige siempre el propio partícipe del fondo. El caso de los fondos de pensiones de empleo es completamente distinto del de los fondos de inversión (o incluso del de los planes de pensiones del sistema individual) ya que en estos el partícipe no elige la política de inversión ni, por lo tanto, el riesgo del plan. Esta se establece para el conjunto de trabajadores. En algunos casos coincidirá con lo que desea el trabajador pero en muchos otros casos no.



No es justo (o mejor dicho no es lo más adecuado), por ejemplo, que un trabajador de treinta años tenga que tener parte de su ahorro para la jubilación en un plan de pensiones invertido principalmente a muy corto plazo ni tampoco que un trabajador que esté próximo a su jubilación (y considere fundamental la preservación del capital que tiene acumulado), tenga que sufrir la alta volatilidad de un plan de pensiones invertido fuertemente en acciones.



La solución desde luego es que cada trabajador pueda colocar libremente el dinero que le aporta su empresa para complementar su jubilación en cualquier plan de pensiones eligiendo el que más le convenga en función del riesgo y de la rentabilidad que espera. En materia de inversiones la libertad de elección es también uno de los valores más preciados.