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14 de junio de 2002, 17h31
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Defendiendo los intereses de los partícipes
Por
MorningStar.es
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Últimamente no hay un solo día en el que no aparezca en portada de los periódicos un asunto de corrupción en Wall Street. Frente a estos escándalos las gestoras podrían hacer mucho para defender los derechos de sus partícipes y al mismo tiempo restablecer la confianza de los inversores.
No sé si hay que achacarlo a la mala evolución que están teniendo las bolsas en estos últimos años (algo obviamente tendrá que ver) pero las gestoras de fondos de inversión están empezando a enseñar los dientes para defender sus derechos o lo que es lo mismo (o debería serlo) los derechos de sus partícipes.
En efecto, hace pocos días el Wall Street Journal resaltaba la noticia de que la gestora norteamericana Fidelity, que gestiona unos 800.000 millones de dólares, está mirando con lupa los sueldos que están cobrando los ejecutivos de las empresas en las que invierten sus fondos. Además pretende utilizar sus derechos de voto en las juntas de accionistas de estas empresas para hacer valer su punto de vista.
Esta anécdota no es desde luego un caso aislado y cada vez están apareciendo más ejemplos en los que las gestoras se implican de una forma más profunda en la gestión de las empresas en las que invierten y no sólo en Estados Unidos.
Esta misma semana, por ejemplo, un diario económico nacional desvelaba que algunas gestoras de fondos americanas habían dado un tirón de oreja a determinadas empresas constructoras españolas por quedarse rezagadas frente a sus competidoras europeas en la lucha por adquirir tamaño lo que influía negativamente en sus valoraciones bursátiles.
Al margen de estos ejemplos concretos, hay muchas cosas que podrían hacer las gestoras para defender los derechos de sus partícipes. Jurídicamente tienen la facultad de hacerlo ya que poseen los derechos de votos de las acciones que componen las carteras de sus fondos. De esta forma pueden influir directamente en la gestión de las empresas en las que invierten.
Según datos de la Bolsa de Madrid, a finales del año 2000 (no hay datos más recientes), el 70% de las acciones estaba en manos de institucionales (bancos, cajas de ahorro, compañías de seguros, instituciones de inversión colectiva, no residentes). Aunque los fondos de inversión sólo representaban el 5% del total, lo importante es que estos tienen la obligación de ejercer todos sus derechos para preservar los intereses de sus partícipes.
Es cierto que la ley, algunas veces, interfiere en esa defensa de los inversores. Un buen ejemplo de ello lo hemos tenido estas últimas semanas con los movimientos que se han producido en torno a algunas empresas constructoras e inmobiliarias.
Me refiero a las adquisiciones realizadas por ACS (Madrid: ACS.MC - noticias - foros) y Bami (Madrid: BAM.MC - noticias - foros) que pagaron, ambas, una prima del orden del 60% sobre el valor en bolsa para hacerse con el control de Dragados y Metrovacesa (Madrid: MVC.MC - noticias - foros) respectivamente.
En estas operaciones, el meollo de la cuestión es que los accionistas minoritarios no han podido beneficiarse de esta prima por una razón estrictamente legal. La ley establece, en efecto, que si la operación implica menos del 25% del capital (circunstancia que se dio en ambos casos) no hay obligación de lanzar una OPA (Oferta Pública de Adquisición), en la que todos los accionistas, grandes o pequeños, se encuentran en condiciones de igualdad.
De ahí el gran debate que existe en la actualidad sobre la reforma de una ley que, en algunos casos, vulnera el principio de no discriminación entre accionistas. Pero es importante recalcar (por si a alguno se le había escapado) que no sólo son víctimas los pequeños accionistas sino también los partícipes de fondos de inversión.
Volviendo a la problemática de la mayor implicación de las gestoras en la gestión de las empresas, muchos me dirán que, en nuestro país, las grandes gestoras de fondos están vinculadas a las grandes entidades financieras las cuales tienen participaciones en muchas empresas cotizadas. Es cierto, pero eso no debería impedir que las gestoras defiendan sus propios intereses que no son otros que los de los propios partícipes.
También se podría proponer la presencia de consejeros realmente independientes – otra cuestión es cómo implementarlo en la práctica - en el seno de estas gestoras pero lo más importante ahora mismo, y en eso coinciden gestoras y partícipes, es restablecer la confianza en los mercados. Una mayor implicación de las gestoras en la gestión de las empresas sería sin duda una medida positiva en este sentido.
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