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2 de octubre de 2006, 10h43
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El Gobierno reforzará la vigilancia de entidades emisoras de tarjetas, aseguradoras y agencias de valores para prevenir fraudes
Por
CONSUMER.es EROSKI
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Un cambio legal permitirá a la Agencia Tributaria recibir al instante datos sobre pagos bancarios sospechosos
El Ministerio de Economía y Hacienda va a ampliar la lista de sociedades y personas físicas sujetas a medidas de prevención contra el fraude. Así, además de las entidades financieras tradicionales, se incluirá a las emisoras de tarjetas de crédito, aseguradoras, agencias de valores, sociedades de inversión colectiva y de capital-riesgo, y gestoras de carteras y de fondos de pensiones.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Banco de España, deberá enviar con mayor celeridad, tanto a Hacienda como a las Fuerzas de Seguridad del Estado, cualquier información que obtenga en su actuación diaria.
En concreto, dicho organismo habrá de transmitir esos datos "en el momento de su obtención y mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos". El Ministerio justifica esta instrucción, dirigida en especial a los pagos "anónimos", en "razones de eficacia administrativa", pues hoy en día ese tipo de comunicaciones tienen un carácter periódico bastante dilatado (dos o tres veces al año), lo que -en opinión de los expertos- hace que se pierda un tiempo bastante valioso a la hora de profundizar en la investigación y evitar la posible ocultación de pruebas.
Otro de los objetivos que se busca es "simplificar" la carga administrativa que se deriva de separar en exceso los envíos de información. En la actualidad, todas las entidades financieras están obligadas a remitir de forma periódica al Banco de España los datos de sus operaciones cuando estas superen una cuantía determinada (10.000 euros para las entradas y salidas por frontera, y 100.000 en el caso de los movimientos internos), así como a facilitar las identidades de quienes intervengan en ellas.
En 2004 -último año del que se tienen cifras oficiales-, el instituto supervisor recibió un total de 2.296 avisos de posibles casos de blanqueo de capitales, casi un 44% más que el año anterior. En total, las autoridades se incautaron de 26,7 millones de euros por incumplimiento de la normativa a este respecto, y se impusieron sanciones por valor de 1,1 millones.
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