Estos últimos días, la prensa se ha hecho eco de la propuesta de reforma que prepara el gobierno en materia de instituciones de inversión colectiva y, especialmente, la relativa a la obligación que tendrán las gestoras de fondos de votar en las juntas de las empresas que tienen presencia en sus carteras de inversión.



La medida, podríamos decir que importada directamente de Estados Unidos donde la SEC (Securities and Echange Comision), el regulador del mercado financiero, acaba de aprobar una norma equivalente, va claramente encaminada a mejorar la confianza del inversor en los mercados financieros.



A primera vista, la medida es muy positiva para los partícipes ya que éstos podrán ver defendidos sus intereses en las juntas de accionistas. Pero también suscita una serie de preguntas: ¿qué ha ocurrido hasta ahora? ¿es que nadie defendía esos intereses?, ¿no es ésta una de las obligaciones, fijadas por ley, de las gestoras? ¿se efectuará el voto pensando realmente en el interés del partícipe o más bien en el interés del grupo financiero que respalda la gestora?,...



Seamos claros. El meollo de la cuestión no es si se debe o no obligar a las gestoras a votar, sino si el voto se hará público o no y de qué forma. En este aspecto, la SEC parece haber tomado el toro por los cuernos y pretende que las gestoras informen públicamente del sentido de sus votos. Veremos lo que ocurre aquí.



Este tema aparte, es difícil valorar esta propuesta en términos de rentabilidad para el partícipe. En la gran mayoría de los casos, esta medida no debería tener mucha incidencia sobre la rentabilidad del fondo... salvo en situaciones muy especiales.



Pensemos, por ejemplo, en algunos movimientos corporativos (OPA, OPA de exclusión, fusión, adquisición, venta de una parte de la empresa,...) que pueden afectar de forma muy significativa el precio de la acción y que dependen, precisamente, de lo que se vota en las juntas de accionistas.



Dicho esto, el obligar a las gestoras a ejercer su derecho de voto es una medida que debemos de valorar positivamente pero no es la única, ni la más importante, si queremos introducir algo más de transparencia en la industria de los fondos de inversión.



La problemática de los gastos es otro de los aspectos en el que se puede o debe mejorar la información que llega al partícipe. No me estoy refiriendo a las comisiones de gestión, depósito, suscripción o reembolso que sí están claramente definidas por la propia gestora sino más bien a los demás gastos (brokeraje, publicidad,...) que soporta el inversor que compra participaciones de un fondo.



La experiencia de otros países donde se publica el llamado ratio de gastos totales (total expense ratio, en inglés) puede ser un buen ejemplo a seguir.



Otro elemento que también reclama más transparencia es el relativo a las remuneraciones de los gestores. En este aspecto, no interesa tanto lo que realmente cobran los gestores sino cómo se calcula su retribución. En efecto, el cómo se remunera a un gestor puede, en determinados casos, influir sobre el cómo se gestiona el fondo. El hecho de que se remunere al gestor en función de los resultados conseguidos durante un determinado periodo (y no es lo mismo 12 meses que tres años) o en función de la cantidad de dinero que haya entrado en el fondo en un plazo concreto puede no tener las mismas implicaciones sobre la forma de gestionar el fondo.



En conclusión, el partícipe, que es, en definitiva, el que arriesga su dinero, tiene derecho a conocer todos los elementos que puedan, de una forma directa o indirecta, influir en la rentabilidad de su inversión. Las gestoras, por su parte, también tienen todas las de ganar en ser lo más transparentes posible.