Ante las críticas recibidas, el Gobierno francés ya se ha apresurado a asegurar que la medida es totalmente compatible con las diferentes leyes comunitarias.

Para entender el actual proteccionismo francés nos hemos de remontar a principios de verano, cuando apareció el rumor que la estadounidense PepsiCo quería hacerse con el control de Danone. Para impedirlo, el Ejecutivo de Dominique Villepin creó una enmienda en el Código Monetario y Financiero destinada a impedir este tipo de operaciones. En él quedan protegidas aquellas firmas francesas consideradas emblemáticas.

En total son 10 los sectores que contempla el nuevo proyecto: los casinos, las actividades de seguridad, las biotecnologías, la producción de antídotos, el material de intercepción de comunicaciones, la seguridad de los sistemas informáticos, las tecnologías duales que tienen una aplicación militar y civil, la encriptología, el mercado de los secretos de defensa y el armamento. No obstante, el responsable de cerrar la lista será el Consejo de Estado, que lo aprobará, ampliará o reducirá.

El portavoz del Gobierno, Jean-François Cope, ha manifestado que el decreto es completamente compatible con las leyes comunitarias. Sin embargo, este patriotismo económico nace, en realidad, de la petición del propio presidente Jacques Chirac de tomar medidas dirigidas a potenciar el dispositivo de protección de las empresas estratégicas.

Las autoridades europeas han reaccionado con cierta incredulidad ante el anuncio de la limitación de la entrada de capital extranjero en empresas de sectores franceses. No obstante, el hecho más llamativo es la contrariedad de las acciones del Gobierno francés, pues mientras rechazaba la compra de Danone por la multinacional Pepsi, la empresa France Télécom pasaba a hacerse con la española Amena.

Ciertas críticas llegan desde las mismas tierras galas. De hecho, el ministro de Economía, Thierry Breton, no parece estar de acuerdo con el llamado patriotismo económico del primer ministro Villepin. Así se desprende de una reciente entrevista en la que aseguraba que la mejor herramienta de la que disponen los directivos de las empresas para evitar la posible llegada de inversores extranjeros es “producir valor para sus accionistas”

Gregor Kreutzhuber, portavoz de Industria y Empresa de la Comisión Europea no ha dudado en advertir a Francia que debe acogerse a las reglas de la UE que regulan las OPA de inversores extranjeros en el país galo o en cualquier otro Estado miembro. Sin embargo, los franceses se defienden declarando que cada país tiene la posibilidad de definir sectores estratégicos de acuerdo con sus intereses nacionales.

De momento, la Unión Europea permanece atenta a los movimientos de Francia, dispuesta a garantizar que cumple con la normativa comunitaria en materia de inversiones y opas. En el momento de ver alguna anomalía, la Comisión Europea está en la obligación de actuar de forma urgente.

La realidad es que Francia no es el único país europeo que se resiste a perder el control nacional sobre algunas empresas. Sin embargo, España no parece dispuesta a establecer medidas para impedir la entrada de capital internacional, como hemos podido comprobar con la reciente adquisición del tercer operador nacional Amena por parte de una empresa francesa.