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20 de octubre de 2005, 10h38
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El Congreso pide al Ejecutivo que recargue en un 50% el IBI a los pisos vacíos
Por
CONSUMER.es EROSKI
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Esta medida busca sancionar a los propietarios de viviendas que "se encuentren desocupadas con carácter permanente"
El Congreso de los Diputados acordó ayer reclamar al Gobierno que habilite los mecanismos necesarios para permitir un recargo de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), medida que quedaría finalmente a criterio de los ayuntamientos y que tendría como fin sancionar a los propietarios de viviendas que "se encuentren desocupadas con carácter permanente", y no las destinen ni a la venta ni al alquiler. No obstante, se mantienen las dudas sobre la constitucionalidad de una actuación de este tipo, dado su carácter discriminatorio y la ausencia de una definición clara sobre qué sería a estos efectos una "casa vacía".
En una decisión adoptada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se insta al Ejecutivo -en este caso, sería una competencia del Ministerio de Economía y Hacienda- a "establecer", en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley de Haciendas Locales "los requisitos" para "hacer efectivo" ese incremento impositivo sobre los bienes urbanos de uso residencial. Curiosamente, el pasado 27 de septiembre el Pleno de la Cámara rechazó la toma en consideración de una iniciativa similar, entones presentada por el grupo IU-ICV, que pretendía situar ese aumento entre el 50% y el 150%.
Esta vez la proposición no de ley era obra de ERC, y limitaba el recargo al 50%. En cualquier caso, el PSOE exigió que se eliminara de la redacción el plazo de tres meses que ERC daba para dar luz verde a dicha subida. El motivo de esa corrección es que el citado reglamento soporta ya casi tres años de retraso, ante las dificultades legales para incluir una definición oficial de lo que se entiende como una vivienda desocupada, necesaria para distinguir a qué inmuebles residenciales se les puede penalizar por esa "falta de utilización", una situación en la que se encontrarían tres millones de casas en España, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Algunas comunidades creen que el incremento del IBI no servirá para aumentar de manera notable la salida de pisos al mercado de alquiler. En su opinión, el problema serían los "miles de recursos" que, según sus cálculos, se podrían interponer ante el Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el de la propiedad privada.
La idea inicial que se manejaba era que, a través del reglamento, se instara a los propietarios a declarar ante sus ayuntamientos las casas que han mantenido desocupadas durante más de un año natural -hasta ahora se usa el término "permanentemente", un plazo temporal mucho más ambiguo-. En principio, se podrían considerar como tales aquellas que no estén dadas de altas en el suministro de luz o de agua, o bien que tengan un consumo mínimo en ambas materias, para lo cual habría que contar con la colaboración de las compañías suministradoras.
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