La CMT fue creada por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones. Entre sus funciones, destaca el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos.

Hoy en día, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Entre sus principales funciones se encuentra la adopción de medidas para salvaguardar la pluralidad de oferta del servicio, el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas por los operadores, la interconexión de las redes y la explotación de red en condiciones de red abierta, así como, especialmente, la política de precios y comercialización por los prestadores de los servicios. A estos efectos, la CMT ejerce las siguientes funciones, tal y como el propio organismo indica:

-Puede dictar instrucciones vinculantes para los operadores que actúen en el sector de las comunicaciones electrónicas.

-Pone en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener noticia y que sean contrarios a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

-Puede ejercer la competencia de la Administración General del Estado para interpretar la información que en aplicación del artículo 9 de esta Ley le suministren los operadores en el ejercicio de la protección de la libre competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas.

De esta forma, la CMT es la responsable de vigilar las tarifas de las compañías de telefonía móvil que operan en nuestro país. De hecho, esta entidad quiere ir más lejos, y la pasada semana sacó a concurso la elaboración de un estudio que facilite la fijación de los precios de terminación en las redes móviles en los próximos dos años.

Esta convocatoria de concurso, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), le permitirá atender a las peticiones de la Comisión Europea sobre la metodología de costes, facilitando la consolidación de los precios de interconexión de terminación móvil para Telefónica Móviles, Vodafone y Amena.

También podría satisfacer las reivindicaciones de numerosos usuarios, ya que la telefonía móvil es uno de los sectores que más reclamaciones experimenta. De hecho, desde la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), se ha denunciado recientemente el cúmulo de irregularidades que existe en la telefonía móvil, solicitando al Gobierno que deje de vender humo y abra ya expedientes sancionadores a las operadoras.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha denunciado que el sector de las telecomunicaciones está regulado para favorecer a las compañías, prueba de ello es que tenemos las tarifas más caras de Europa; llevamos años denunciando el cobro al alza y el Gobierno no acaba con el redondeo.