Operar con la banca extranjera no produce ningún beneficio fiscal, especialmente en la zona euro, tal como señala el asesor bancario y financiero Carlos Lanz. Por un lado, al existir un mercado común y pertenecer a él, los clientes deben declarar sus cuentas y los intereses que perciben en ellas. Por otro, al existir una globalización bancaria, las ofertas también se globalizan y dependen de la entidad, no del país. Es decir que, a la hora de buscar ventajas, la comparativa debe hacerse entre los bancos y no entre los estados. Según comenta el especialista, aquella picaresca de llevarse el dinero a Francia porque no se declaraba ha desaparecido. Con la Unión Europea en pleno funcionamiento, no sólo es obligatorio para el cliente declarar sus cuentas en el exterior, sino que la comunicación entre los organismos de control es mucho más fluida y eficiente.
En esta misma línea, el vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), Eusebio Granda, señala que operar con cuentas en el extranjero no supone ningún beneficio fiscal ni ventaja bancaria. Además -según añade-, para abrir una cuenta fuera hace falta una autorización especial, tener operaciones en ese país que justifiquen la apertura, pues de lo contrario es simplemente una salida de dinero. El Banco de España debe conocer la existencia de esa cuenta y, aunque la persona no tribute en ese otro país por no ser residente, sí integra los rendimientos obtenidos a su declaración de la renta aquí.
Fuera de Europa, en Estados Unidos por ejemplo, el proceso de abrir y mantener una cuenta es mucho más complicado. Sacar dinero de España mediante una transferencia implica pagar impuestos. Y hacerlo en metálico obliga a rellenar impresos con valor de declaración jurada. Esto último puede comprobarse fácilmente cuando se viaja a cualquier país no comunitario: llevar más de 10.000 euros en efectivo supone declararlos, explicar cuál será su uso y, también, el motivo del viaje. Lógicamente, cualquiera puede intentar saltarse las reglas, pero eso ya significa pisar el terreno de la evasión fiscal y el delito, y enfrentarse a sus repercusiones legales, aquí y fuera. De hecho, en Estados Unidos, existe el IRS (Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés), que trabaja estrechamente con el Departamento de Justicia y se dedica a prevenir y perseguir todos los planes tributarios abusivos y las estrategias de evasión fiscal en las transacciones bancarias. A modo de orientación, el fraude civil puede incluir una multa de hasta el 75% de la cantidad de impuestos no pagados, mientras que las convicciones criminales de los promotores e inversionistas pueden tener como consecuencia multas de hasta 195.000 euros y cinco años de prisión.
El paraíso fiscal y sus costes
Dejando a un lado a la Unión Europea y a los mercados con fuertes controles financieros, el concepto de paraíso fiscal está íntimamente asociado con la idea que se tiene sobre los beneficios de la banca extranjera. No obstante, este modelo sólo resulta ventajoso para un determinado perfil de cliente pues, contrariamente a lo que se cree, los paraísos fiscales no dan rentas, sino que cobran por depositar el dinero en ellos. Cuando alguien transfiere una suma desde un banco local a un paraíso, debe pagar los impuestos correspondientes, según explica el gestor Carlos Lanz. El beneficio es que, una vez hecho el depósito y con el dinero ya funcionando, no hay que pagar por los rendimientos posteriores. Evidentemente, esta dinámica es útil para empresarios e inversores que manejan grandes volúmenes de capital y encuentran más conveniente pagar los impuestos derivados de la transacción que aquellos que se originan con los intereses. Pero, como recuerda Eusebio Granda, el Estado no permite que los españoles residentes aquí depositen su dinero en paraísos fiscales. Y la Administración lo prohíbe, y lo persigue.
¿Y qué pasa con la banca suiza? No es un paraíso fiscal, pero dependiendo de lo que una persona quiera hacer con su capital, posee unas características tentadoras. La principal, el secreto bancario; una garantía de extrema confidencialidad amparada por la legislación del país que sólo cede ante actos delictivos graves, como el tráfico de armas y de drogas o el blanqueo de dinero. La evasión fiscal, que en otras partes del mundo se castiga, no está considerada como delito en el Código Penal suizo, de modo que no es motivo suficiente para que un juez ordene desvelar los datos del cliente y su cuenta. Del mismo modo, hay una serie de mecanismos que permiten salvaguardar aún más el anonimato de los usuarios, su capital y movimientos bancarios. No obstante, si los fondos depositados proceden de alguna actividad ilegal, serán las propias autoridades suizas las que se encarguen de denunciarlo o permitir la intervención judicial.
En cualquier caso, convertirse en el titular de una cuenta en un banco suizo no está exento de controles previos y, además, no es barato. No basta con presentar el documento de identidad (en este caso, el pasaporte) y los datos personales; las entidades exigen pruebas de antecedentes económicos y pruebas del origen de los depósitos. Es decir que el interesado debe demostrar cómo se gana la vida, presentar su contrato de trabajo (si lo tiene) o los documentos de su empresa y actividad comercial (si es el propietario). Además, si quiere depositar un monto de dinero, deberá especificar y demostrar de dónde ha salido esa suma. A propósito de cantidades, es conveniente saber que, al abrir una cuenta allí, el banco exige mantener un saldo mínimo. En el mejor de los casos, este no ha de ser inferior a 17.000 euros aunque, para lograr un acuerdo así (la banca suiza trabaja con cantidades muy superiores a ésa) es preciso ponerse en manos de intermediarios financieros; algo que conlleva gastos (pues cobrarán una comisión por las gestiones) y que, si el cliente no elige bien, puede dar lugar a timos y estafas.
