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14 de abril de 2009, 7h45
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Competencia dice que la reforma de la Ley de Puertos perjudica a los usuarios
Por
CONSUMER.es EROSKI
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Advierte de que elevará el precio que pagan los consumidores finales de los bienes
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha emitido un informe muy crítico con el anteproyecto para reformar la legislación por la que se rigen y financian los puertos de interés general, que el Gobierno remitió a las Cortes el pasado 27 de marzo. Considera que la norma retrocede en la senda de la liberalización y advierte de que, si los usuarios de cada puerto se ven abocados a contratar unos servicios más caros, este sobrecoste deteriorará la competitividad de la producción española, a la vez que elevará el precio que pagan los consumidores finales de los bienes.
La norma actual data de noviembre de 2003. El Ministerio de Fomento se ha propuesto en dos ocasiones su modificación para adaptarla a la globalización del comercio internacional, la consolidación del mercado interior comunitario y los cambios tecnológicos y estratégicos en el sector del transporte marítimo. Sin embargo, todavía no se ha hecho efectiva la reforma.
Competencia considera inadecuada la vuelta a la titularidad pública de los servicios portuarios, pues no encuentra las razones alegadas "suficientemente convincentes". Según señala el anteproyecto, aunque los puertos estarán indirectamente gestionados por operadores privados, la respectiva Autoridad Portuaria podrá prestar servicios cuando "por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada sea necesario garantizar una adecuada cobertura de las necesidades del servicio".
Liberalización
Además, la CNC denuncia que la norma retrocede en la liberalización progresiva del servicio de manipulación de mercancías, reforma que considera imprescindible. Ahora se pretende recuperar la figura de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba, de capital mayoritariamente público.
El anteproyecto mantiene el régimen de exclusividad para las entidades que ponen los estibadores a disposición de los usuarios, así como el régimen laboral especial de estos trabajadores. A juicio de Competencia, el acceso a la profesión debiera producirse mediante la obtención de una titulación razonable y adecuada a su ejercicio, de manera independiente a la pertenencia a determinado tipo de sociedad. "Esta figura supone un elevado grado de distorsión competitiva y encarece significativamente los costes del servicio prestado", advierte.
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