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17 de septiembre de 2007, 9h16
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Los clientes de Gescartera esperan recuperar su dinero con el juicio oral que comienza hoy
Por
CONSUMER.es EROSKI
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El dinero estafado se cifra en 50 millones de euros
El caso de la agencia de valores Gescartera se acerca por fin a su resolución. La Audiencia Nacional comenzará a juzgar hoy, más de seis años después de que saltase el escándalo, a los 14 acusados por una estafa estimada en 50,2 millones de euros a 4.000 inversores entre los años 1992 y 2001. El juicio oral supone la última oportunidad de los clientes para recuperar su dinero.
Esta estafa de gran magnitud hizo tambalear la gestión económica del Gobierno del PP. La clave del chanchullo era, según la Fiscalía Anticorrupción, proyectar una imagen de "solvencia e importancia" que, combinada con la promesa de rentabilidades superiores a las habituales en el mercado, facilitara la captación de clientes.
El dinero así obtenido nunca se empleaba para efectuar las inversiones en Bolsa contratadas, sino que iba a parar a los bolsillos de José Antonio Camacho, propietario de la agencia y principal inculpado, y de sus socios. Los fondos recién captados servían para devolver el dinero a los clientes que se iban y para abonar las ganancias prometidas.
Ante las sospechas de malas prácticas y la "imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes", la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino Gescartera el 14 de junio de 2001.
La mayoría de los clientes de la entidad eran pequeños inversores. Pero también estaban la ONCE, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.
Los estafados sólo han logrado recuperar, hasta el momento, 26 millones de euros por la cobertura del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), con un tope legal de 20.000 euros por caso. La responsabilidad civil que se puede derivar del juicio que arranca hoy, en caso de que haya sentencia condenatoria, será el último resquicio al que se podrán agarrar para recobrar su dinero.
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