Asunción, 22 may (EFE).- El Congreso de Paraguay aprobó hoy un proyecto de ley que reglamenta el uso de plaguicidas, medida que ya motivó el anuncio de agrupaciones campesinas de movilizaciones para exigir que el Poder Ejecutivo vete esa normativa.

Se trata del Proyecto de Control de Productos Fitosanitarios de uso Agrícola, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y que hoy el Senado convirtió en Ley.

La cámara alta, con 35 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, aprobó esa normativa que, según el dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), Luis Aguayo, otorga a los grandes productores agrícolas una "licencia para el genocidio, para el envenenamiento".

En declaraciones al portal oficial IP Paraguay, Aguayo aseveró que "la capacidad del pueblo es suficiente para la resistencia a los atropellos" y que próximamente llevarán a cabo movilizaciones para exigir que el jefe de Estado, Fernando Lugo, vete la cuestionada Ley.

"Defenderemos la vida de los miembros de nuestra familia, defenderemos nuestra comunidad y el Medio Ambiente sin ninguna vacilación", acotó el dirigente campesino.

También rechazaron la promulgación de esa Ley los integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), la principal del país, así como la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).

La aprobación del proyecto se produce en momentos en que los principales gremios de la producción anunciaron la realización de una manifestación conocida como el "tractorazo" en varias regiones del país.

Esos grupos, encabezados por la Unión de la Gremios de la Producción (UGP), exigen a Lugo la derogación de un decreto aprobado el 28 de abril pasado y por el cual se reglamenta el uso de químicos en los cultivos.

El anuncio de un nuevo "tractorazo", similar al realizado en diciembre de 2008, motivó que el Ejecutivo postergara por 90 días la puesta en vigencia de esa normativa y que convoque a una mesa de diálogo para atender los reclamos de los productores.

Entre otras cosas, el decreto establece la utilización de una franja protectora de bosques de al menos cien metros para los cursos de agua, así como la utilización de barreras en los lugares que serán fumigados y que colinden con poblados.

Además, exige a los productores anunciar anticipadamente y públicamente los días en que se realizarán las tareas de fumigación.