Quito, 23 may (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que la operación de recompra de los bonos Global 2012 y 2030 de la deuda externa va "bastante bien", aunque no dio detalles de la negociación con los acreedores privados.

"No puedo dar muchos detalles en cuanto a esto, pero quiero decir que las cosas van bastante bien para el país", remarcó el jefe del Estado en su habitual programa de radio y televisión de los sábados.

Según Correa, "por primera vez" en la historia ecuatoriana "se está renegociando la deuda externa en función del país, no en función de los acreedores", como sucedía en el pasado.

El Gobierno ecuatoriano presentó a los poseedores de los bonos Global 2012 y 2030 una propuesta para recomprar esos papeles por un monto global de 3.200 millones de dólares, con un descuento del 70 por ciento sobre el valor nominal.

El pasado 15 de mayo concluyó el plazo para recibir las respuestas de los acreedores y se prevé que el próximo día 26 finalice una fase de revisión y tabulación de estas, para entonces definir el precio definitivo que se presentará para la recompra.

Correa, que se reservó los detalles, insistió en que esa operación favorecerá al país y se revertirá una historia de renegociaciones que, a su juicio, no han beneficiado a Ecuador.

En anteriores ocasiones, "los negociadores estaban más preocupados de que los acreedores no pierdan plata, mientras el país estaba quebrado", apuntó Correa, que ha calificado a ciertos segmentos de la deuda externa nacional como "ilegítimos".

Ahora "por primera vez se está renegociando esta deuda en función del pueblo ecuatoriano, no de los acreedores", enfatizó.

El pasado lunes, la ministra de Economía de Ecuador, María Elsa Viteri, calificó de "excelente" la respuesta de los acreedores a la propuesta de recompra de los bonos Global 2012 y 2030.

Viteri dijo que aspira a que, al finalizar el plan de recompra, la deuda externa de Ecuador, de más de 10.000 millones de dólares, se reduzca en un tercio.

Los bonos Global 2012 y 2030 son para el Gobierno de Ecuador "ilegítimos", por considerar que fueron contratados o renegociados de forma irregular y con un fuerte perjuicio para el país.

Ecuador declaró en moratoria al pago de esos bonos y emprendió el estudio de una "solución integral" sobre ellos, que implica la posibilidad de retirar del mercado esos papeles.