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23 de julio de 2008, 14h34
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El Gobierno destinará 300 millones de euros a la compra de suelo privado
Por
CONSUMER.es EROSKI
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Se dará prioridad a los terrenos que permitan la construcción de vivienda protegida
El Gobierno realizará en octubre su primera oferta para hacerse con suelo privado por valor de 300 millones de euros ampliables, según anunció ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo, SEPES, añadió.
Las ofertas que se presenten a este concurso, que tendrá una duración de tres meses, serán evaluadas por una comisión en la que comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán un papel protagonista, precisó la ministra. Y es que será con las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con quienes se consensúen los criterios de selección que determinarán los futuros espacios a adquirir por parte del Gobierno. Corredor avanzó que en este proceso se dará prioridad a aquellos suelos que permitan una transformación inmediata para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) situados en territorios con mayor demanda.
Tras el plazo de selección, el Ejecutivo se reservará una opción de compra de seis meses para los suelos escogidos. Durante ese periodo realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación. En cuanto al precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO. La oferta inicial de 300 millones de euros podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual, explicó Corredor.
Medida estructural
La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible. Corredor dijo a este respecto que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.
"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.
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