Coincidiendo con la difusión de la falsa noticia sobre las llamadas perdidas, han vuelto a salir a la palestra otras cuestiones relacionadas con las prácticas tarifarias de las operadoras de telefonía móvil. Olga Ruiz, responsable del Gabinete Jurídico de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), opina que por las llamadas perdidas “no debe cobrarse en absoluto” y cree en el desmentido de las operadoras. “Si no hay comunicación no puede haber facturación, sería contrario a la ley”, apunta.
Ruiz dice que “no procede cobrar por un servicio que no se disfruta” y aboga por la “transparencia” en las facturas, para que el consumidor sepa por lo que está pagando. En ese sentido, su asociación persigue que se acabe con el redondeo al alza del primer minuto, práctica por la que las operadoras cobran siempre el establecimiento de llamada más un minuto de conversación aunque la comunicación dure unos segundos o salte el contestador. En el caso de las tarjetas prepago, las llamadas de duración superior al minuto también se redondean al alza en fracciones de 30 segundos.
Según los cálculos de FACUA, las operadoras ingresaron 1.175 millones de euros en 2002, una quinta parte de su facturación, gracias al redondeo al alza de 10.000 millones de llamadas desde móviles, que incrementa su precio hasta en un 471%. Por esta práctica, la Federación ha presentado una denuncia contra 16 operadoras de telefonía móvil, fija y por cable e insta al Ministerio de Sanidad y Consumo a que intervenga tal como hizo con los aparcamientos ante la demanda judicial interpuesta por el Instituto Nacional del Consumo (INC) por cobrar más tiempo del que los vehículos permanecen estacionados, redondeando al alza una hora completa.
Con el mismo argumento utilizado por el INC contra los aparcamientos, FACUA actúa contra las empresas de telecomunicaciones: al facturar segundos de conversación que los usuarios no llegan a consumir, se vulnera la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ahora FACUA confía en que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tome la misma actitud que adoptó frente a la denuncia presentada el pasado 11 de diciembre contra Amena, Movistar y Vodafone por los mismos motivos, de la que se desentendió porque “no tiene entre sus competencias la aprobación de las tarifas de los operadores de telefonía móvil”, y recomendó a FACUA acudir a la administración de consumo para resolver sus cuitas.
Las denuncias de FACUA han ganado fuerzas al ser recogidas por el Defensor del Pueblo y han saltado a la esfera política de la mano del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que acusa al Gobierno de “consentir y amparar los abusos” de algunas operadoras de telefonía móvil, como la supuesta pretensión de cobrar a los usuarios por las denominadas ‘llamadas perdidas’, o el cobro un minuto entero en aquellas llamadas de duración inferior a 60 segundos, según informa Europa Press.
La Asociación General de Consumidores y la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (Asgeco-Unccue) también han aplaudido la intervención del Defensor del Pueblo, ya que califican de “práctica abusiva” la facturación del primer minuto cuando la duración de la llamada es inferior.
